Por Alejandra Torres, Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba.
La Municipalidad de Córdoba se destacó por sufrir profundos déficits de gestión. Mientras que en otras ciudades del mundo se vienen aplicando innovadoras soluciones para dar mejores respuestas a los vecinos, Córdoba sufrió las consecuencias de un largo proceso de decadencia en el que prevalecieron el conservadurismo y el fuerte apego a malas prácticas administrativas.
En ese contexto, la decisión del intendente Martín Llaryora de promover la adhesión a la Ley Provincial de Simplificación y Modernización de la Administración, no bien asumió la gestión, es un paso de relevancia estratégica. Hoy se cumple un año de aquella ordenanza innovadora y trascendente, no sólo para la gestión sino para los vecinos de la ciudad.
Apenas vigente la aplicación de la ley, apareció la pandemia. Se agregaron nuevos problemas y desafíos a los existentes, pero también oportunidades. Es fácil percibir los enormes daños derivados de la propagación del virus, pero hay que reconocer que ello nos obligó a acelerar transformaciones, en especial las ligadas a un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Si somos capaces de aprovecharlo, esto nos permitirá acortar más rápido las brechas que nos distancian del mundo desarrollado. En este sentido, no todas son pálidas en 2020.
Más allá de la polémica, no hay razones para dudar de que la Municipalidad enfrentó serios problemas de sustentabilidad económica y, más importante, de gestión. En diciembre pasado, tuvimos el corte de servicio de Correo Argentino para el envío de notificaciones postales, por una deuda impaga del gobierno anterior, situación que refleja un pequeño ejemplo del extremo de desidia e irresponsabilidad con que se administraba.
La decisión de adherir a la Ley de Simplificación constituye una bandera de gestión que marca un rumbo para avanzar en cambios trascendentes. La meta es una administración ágil y eficiente, que aproveche la tecnología y que se centre en dar respuestas a las necesidades del vecino. En otras palabras, asumir la visión de ciudad inteligente como meta de largo plazo.
Con esa orientación es que, a los pocos días de iniciada la gestión, se dispuso la adhesión a la identidad digital de Ciudadano Digital (Cidi). Esto permitió contar con la posibilidad inmediata de interactuar digitalmente con más de 720 mil vecinos, implementar la notificación electrónica en la mayoría de las áreas y eliminar el envío del cedulón tributario impreso. Con estas mínimas acciones, la Municipalidad pudo ahorrar más de 100 millones de pesos anuales en gastos de correo, además de brindar un mejor servicio a los vecinos.
La pandemia también obligó a acelerar el proceso de transformación digital en un municipio cuyo código de procedimiento administrativo databa de 1978. Su actualización implicó finalizar con más de 40 años de mantenimiento de procesos obsoletos que funcionaban por inercia, de acuerdo con estándares del pasado. En función de esto, se realizaron cambios necesarios, no sólo desde el plano tecnológico, sino desde lo económico, organizacional y laboral.
Desde lo tecnológico, se regularizó la gestión de servicios digitales. Se recuperó la gobernanza en sistemas clave, como el de recaudación y liquidación de sueldos. Sistemas elementales para toda administración pública. Se regularizó la situación con plataformas digitales tales como Movypark, que enfrentaba una gran vulnerabilidad en seguridad informática y que dejó expuesta información privada de los vecinos de la ciudad.
Se sustituyó el boletín oficial en formato papel –costoso, obsoleto y sólo al alcance de pocos– por otro en formato electrónico, mucho más eficiente, transparente y democrático. Se relevaron más de 200 trámites municipales incorporándose una guía digital en la página web, que permite conocer a cada vecino los servicios que brinda la Municipalidad y la documentación que se exige para su tramitación.
Se optimizó el proceso de compras y contrataciones mediante plataformas digitales y transparentes, como la subasta electrónica inversa. Se digitalizó totalmente el Registro Civil para que el derecho a la identidad de las personas deje de ser una declaración para ser una realidad.
Medidas como estas no sólo han permitido el ahorro de más de 300 millones de pesos anuales y el no uso de más de 14 mil resmas de papel, sino comenzar a cambiar el paradigma de una administración obsoleta y retrógrada. La decisión de introducir un cambio en el modelo de gestión, hacia una administración centrada en la gestión pensando en el vecino, es lo que motivó que Córdoba fuera invitada a participar en la alianza global de ciudades inteligentes del G-20, para generar un modelo de gobernanza mediante implementación de tecnologías.
Queda mucho por hacer por la ciudad y por los cordobeses, aunque la hoja ruta es clara, como la que el intendente ha marcado desde el inicio de su gestión. 2020 deja muchos aspectos negativos, pero también un impulso para avanzar en un proceso de innovación que lleve a que contemos con un municipio más empático con los vecinos.
Fuente: La Voz