Por Soledad Guilera, Directora Ejecutiva del Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE), Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella, para CorLab.
El COVID-19 ha puesto a prueba la infraestructura digital de nuestras sociedades y dejó en evidencia el próximo desafío que enfrentan las ciudades inteligentes: aumentar su capacidad para desplegar, mantener, cambiar o recuperar la capacidad operativa del gobierno cada vez más dependiente de la tecnología.
Las ciudades que continuaron prestando servicios regulares a sus ciudadanos, desplegaron nuevos servicios y estrategias para responder a la emergencia de salud, mantuvieron o ampliaron los canales de información a la población e implementaron soluciones digitales para ampliar el acceso a los servicios públicos en el contexto de pandemia, son aquellas que previamente habían invertido en infraestructura de conectividad, hardware, software, apertura de datos, desarrollo de aplicativos y formación de los funcionarios públicos en competencias digitales.
Las respuestas de los gobiernos frente a la emergencia del COVID-19 derivaron además en una digitalización forzada de muchas actividades que implicó una nueva forma de operar durante la crisis: teletrabajo, telemedicina, educación virtual, compras en línea, trámites y pagos digitales, comunicación por videoconferencia, entre otros.
A su vez, esta pandemia reveló la profundidad de la brecha digital y la consecuente diferencia en las oportunidades entre quienes tienen acceso a las tecnologías de comunicación y habilidades para usarlas y quienes no. Siguiendo esta línea, es muy probable que la pospandemia nos encuentre en una sociedad aún más desigual que antes. La interrupción de las actividades productivas junto con el cierre de las escuelas dejan un combo complicado sobre todo para los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad. Así, la tecnología debe funcionar como instrumento para aumentar el bienestar de las personas y mejorar su calidad de vida. Es evidente la necesidad de atender la falta de acceso a conectividad y a la adopción de tecnología para incluir a las poblaciones vulnerables y las regiones más apartadas de los centros urbanos.
Como resultado de la crisis del Coronavirus, es importante que los gobiernos reconozcan la importancia de la resiliencia digital de nuestras organizaciones y sociedades en el mundo que viene. A medida que la adopción de dispositivos conectados continúa creciendo y el Internet de las cosas se sigue desarrollando, nos encaminamos hacia un futuro en el que todos dependeremos de la tecnología digital.
Para promover la resiliencia digital de las ciudades, los gobiernos necesitan crear las capacidades que fortalezcan su resiliencia digital y generen un ecosistema innovador para el desarrollo productivo y social. La agenda de gobierno digital posCOVID-19 debe priorizar la digitalización completa de trámites y la implementación de portales web centralizados que integren todos los servicios del Estado pensados desde la perspectiva de los usuarios, sean estos ciudadanos de a pie, empresas, inversores u organizaciones de la sociedad civil. Otra asignatura pendiente es modernizar los registros administrativos e impulsar su interoperabilidad. Además, resulta clave el desarrollo de la identidad y la firma digital, el uso de sellos y facturas electrónicas e integrar la ciencia de datos para priorizar el diseño y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia. Todo esto, sin perder de vista el desarrollo y la ejecución de marcos propicios para la protección de datos personales que aseguren la confianza ciudadana.
La Pandemia afecta especialmente a las ciudades y todos nos preguntamos cómo será la vida en los grandes centros urbanos después del confinamiento. No cabe duda de que los datos cobrarán cada vez más importancia y que las ciudades integrarán mucha más información. Esta crisis debe servir para acelerar su transformación digital promoviendo un esquema de organización social y una economía local más inteligente.
